La voracidad de Repsol-YPF en Bolivia
Editoria de La Jornada
Desde hace años, Evo Morales ha insistido en la necesidad de defender los recursos naturales bolivianos de la voracidad de trasnacionales, con el fin de que los beneficios conseguidos de la explotación de los yacimientos gasíferos, principalmente, llegue al grueso de la población, sumida en la miseria. Sin embargo, el ahora presidente de Bolivia deberá enfrentar las triquiñuelas de los grandes corporativos, que buscan por todos los medios mantener el control total de los recursos naturales. El viernes pasado, por ejemplo, el nuevo gobierno boliviano acusó de fraude y robo a la española Repsol-YPF, séptima productora mundial de hidrocarburos, al registrar como suyas las reservas de gas natural boliviano, las segundas más importantes de Sudamérica. Esta maniobra, que busca aumentar engañosamente el valor de las acciones de esa compañía, es una muestra del gran poder que detentan esas empresas, que pasan por encima de leyes, gobiernos y pueblos enteros.
La Constitución boliviana establece que los recursos naturales son propiedad del Estado de forma inalienable e imprescriptible. Sin embargo, los beneficios millonarios obtenidos por esas actividades económicas no se reflejan en el nivel de vida de la población. Por ello, el nuevo gobierno anunció que registraría como estatales las reservas de gas natural del país, como un primer paso del proyecto de nacionalización de sus recursos naturales, una decisión que afectaría los intereses de las petroleras, como Repsol-YPF.
Pero la trasnacional española se adelantó, a pesar de que esa maniobra constituye un delito federal en Estados Unidos contra la fe pública por atentar contra los intereses de los inversionistas. Para el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, no hay duda: si alguien debe registrar las reservas de gas en la bolsa "somos nosotros, los bolivianos".
Repsol-YPF controla 25.7 por ciento de las reservas bolivianas y opera un contrato de riesgo compartido desde 1997. De acuerdo con datos oficiales, las reservas de gas natural representan 150 mil millones de dólares, a precio de mercado regional. Con la ley de hidrocarburos, vigente desde junio de 2005, las petroleras deben pagar impuestos, en el mejor de los casos, por 550 millones de dólares al año, por el negocio de explotación de materias primas que alcanza un total de mil 600 millones de dólares sólo en el uso de los hidrocarburos como materias primas. Sin embargo, con los procesos de refinación e industrialización casi se triplica el monto total del negocio y las utilidades para las trasnacionales, lo que demuestra el trato desigual que determina la relación de esas empresas con los gobiernos regionales.
Repsol cuenta con una historia negra en Latinoamérica, donde se ha hecho de empresas públicas a precios ridículos, merced a tratos tramposos. Por ejemplo, YPF de Argentina fue comprada a cambio de bonos para paliar la deuda externa, bajo el pretexto de la falta de capacidad financiera. Por otro lado, las actividades de esta firma, realizadas sin ningún freno, han provocado innumerables daños al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Los casos sobran: la destrucción del parque natural Yasuní, en la amazonia ecuatoriana, de 680 mil hectáreas, la invasión de 18 territorios indígenas y cuatro parques naturales en Bolivia o las acciones que han llevado a la multinacional a un pleito legal con el pueblo mapuche, en Chile, del que los indígenas han sacado la peor parte.
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