México, Enron y la ultraderecha
Escándalos financieros: de lo torpe a lo siniestro
por Juan Ramón Jiménez*, Manuel Moncada Solórzano
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Escándalos financieros: de lo torpe a lo siniestro
por Juan Ramón Jiménez*, Manuel Moncada Solórzano
Jueves 17 de agosto de 2006
La Paz, 16 de agosto. Bolivia denunció una supuesta estafa contra su fisco por parte de la española Repsol-YPF y la brasileña Petrobras, debido a que en 2002 pactaron un precio fijo para el gas natural exportado a Brasil de una manera que considera ilegal. La acusación hecha por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, representó un nuevo roce entre el gobierno de Evo Morales y Petrobras, ya enfrentados por discusiones sobre la exigencia de Bolivia de aumentar el precio del gas natural que exporta a Brasil. El ministro también culpó a Petrobras de obstaculizar el proceso de nacionalización de hidrocarburos que Bolivia inició en mayo, al impedir la toma de control de parte de la estatal YPFB de las refinerías que opera la empresa brasileña, el mayor inversionista extranjero en el país andino. Soliz explicó que el gobierno considera una "estafa" un contrato suscrito entre la filial boliviana de Repsol-YPF, Andina y Petrobras, mediante el cual le ha sido vendido a Brasil gas natural a un precio fijo, que es menos de la mitad del que actualmente rige oficialmente. Por esa situación, Bolivia ha dejado de percibir 161 millones de dólares en ingresos por exportaciones de gas natural, precisó. El precio vigente desde julio para las exportaciones de gas natural boliviano a Brasil es de cuatro dólares por millón de BTU, pero el gobierno boliviano busca un incremento al menos 7 dólares.
Jueves 17 de agosto de 2006
Después del asombroso faccionalismo desplegado por Fox en el proceso comicial de 2006 y su solapamiento por el IFE, el muy limitado recuento realizado ha permitido a una de las partes en conflicto detectar y denunciar la existencia de actas falsificadas, de cientos de miles de votos introducidos o desaparecidos ilegalmente en las urnas, incluyendo la impresión de boletas de más por el IFE (Proceso, 13-VIII-06 p 10), parece que son suculentos los negocios en juego, revelando el pacto del gobierno con grandes intereses oligárquico-imperiales como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el aparato de "seguridad nacional" de Estados Unidos, en pos de la privatización y extranjerización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El patrimonio nacional, concebido por la plutocracia como botín a ser "negociado" con empresas extranjeras que operan inconstitucionalmente en el país (Halliburton, Exxon-Mobil, Sempra Repsol), incluye una reserva petrolera que abarca aquella localizada en aguas someras y profundas del Golfo de México. No es novedad que el objetivo prioritario de una voraz camarilla local y de instrumentos a su servicio como el CCE, así como la del cabildo petrolero estadunidense, bien colocado como está en la Casa Blanca y Los Pinos, sea ahora consumar el "fraude electoral", montado por medio de un operativo "hormiga" sistemáticamente orientado a alterar la votación en favor del candidato del PAN. Tampoco sorprende que esa cúpula se incline al uso de artilugios legales o ilegales, pacíficos o policiaco-militares, a fin de ubicar en Los Pinos a Calderón, Nava y otros personajes de comprobada lealtad y sumisión a sus designios sobre el sector energético mexicano, como el ex secretario de Energía Téllez Kuenzler.
Téllez intensificó, con la asesoría de Enron, la estrategia energética neoliberal enfilada a desarticular y devastar financieramente a Petróleos Mexicanos, a privilegiar la operación de empresas privadas en actividades vitales del proceso petrolero, por medio del cierre de áreas de Pemex con el simultáneo despido de técnicos altamente capacitados lo que, como lo documenta la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, (UNTCIP) en su Proyecto alternativo integral para Pemex (www.untcip.net) ha provocado la dilapidación económica y la destrucción de la fuerza productiva, expresándose en una merma injustificada de reservas petroleras, daños a yacimientos, infraestructura de transformación y transporte, institutos de investigación y capacidad tecnológica de la empresa y los trabajadores, convirtiendo al país en importador neto de volúmenes crecientes de gas natural, de petrolíferos, petroquímicos y químicos, desintegrando cadenas productivas e incrementando el desempleo y la migración.
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